- Emite la PGJEH un comunicado en el que indica que el expresidente municipal de Pachuca aceptó su responsabilidad y resarcir el daño patrimonial ocasionado al erario
- Tras el pago de 11 millones de pesos y la transferencia de un predio, Eleazar “N”, fue sentenciado, entre las dos carpetas, a cuatro años, dos meses y 20 días de prisión; pero, son penas conmutables, pagó daños y está libre
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la representación social “obtuvo de la autoridad judicial dos sentencias condenatorias para E. E. G. S., expresidente municipal de Pachuca de Soto, responsable de hechos que la ley sanciona como peculado, así como uso ilícito de facultades y atribuciones”; sin embargo, tras haber resarcido los daños al erario por más de 50 millones de pesos, inmediatamente obtuvo su libertad, pues eran penas conmutables, según fuentes judiciales.
En la tarjeta informativa, el ministerio público indica que “los hechos que obran en dos carpetas de investigación, ocurrieron durante la administración municipal en el periodo 2012-2016, lapso en el que, sin debida autorización del cabildo, celebró 12 convenios que ocasionaron al ayuntamiento un detrimento financiero de 37 millones 476 mil pesos; sumada a esa investigación, se le atribuye la firma ilícita de contratos por 22 millones 339 mil pesos, con la empresa Publirex, para la instalación de anuncios publicitarios”.
En la relatoría de los hechos, la PGJEH detalla que el exalcalde de Pachuca fue detenido el pasado 3 de febrero, contra quien, después de haber sido vinculado a proceso, se impuso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada.
Asimismo, añade la comunicación, “el pasado 29 de febrero, esta representación social obtuvo una nueva vinculación a proceso, esta vez por uso ilícito de facultades y atribuciones, por la firma de contratos con la empresa Publirex, S. A. de C. V., para la concesión de los derechos de publicidad en puentes”.
Finalmente, indica el comunicado, “esta tarde, la persona imputada aceptó ante la autoridad judicial su responsabilidad por los ilícitos antes mencionados, por lo que, al satisfacer la reparación del daño al ayuntamiento, la cual consistió en un pago por 11 millones de pesos, además de la transferencia de la propiedad de un predio, se celebraron dos audiencias de autorización de procedimientos abreviados, y derivado de ellas se obtuvieron dos sentencias condenatorias: la primera de 10 meses y 20 días de prisión, así como otra de tres años y cuatro meses de prisión”.
