- Las morenistas encabezan campaña “de a pie” en Tepeapulco y Ciudad Sahagún
- Tuvieron el respaldo de activistas que colaboran con Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Tepeapulco fue testigo de una intensa jornada de activismo, encabezada por Mirna Rubio Sánchez, candidata de Morena a la diputación federal por el distrito VII, y Mónica Leanett Reyes Martínez, quien aspira a una diputación local, representando a la candidatura común “Sigamos haciendo historia en Hidalgo” -integrada por Morena y Nueva Alianza Hidalgo-, por el distrito XVIII, con cabecera en la misma localidad.
Las aspirantes fueron acompañadas por parte del equipo de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato de Morena al Senado de la República, así como decenas de personas más, con las cuales recorrieron las principales calles de la cabecera y de Ciudad Sahagún.
“Son nuestras vecinas y vecinos quienes nos ayudarán a fortalecer la agenda legislativa que habremos de plantear en el Congreso de la Unión, porque es desde ese espacio que haremos valer la voz de los hidalguenses”, externó Mirna Rubio.
Expresó que su estrategia de campaña “ha sido a pie y con propuestas”, además de escuchar a los hidalguenses de esa región.
“Hoy nuestro movimiento es progresista y transformador, poniendo en el centro la confianza y la lealtad de quienes nos dan su respaldo, basta de restar ideas, sumemos voluntades y multipliquemos este mensaje, porque el bienestar es nuestra prioridad”, puntualizó.
Durante esta actividad, Rubio Sánchez tuvo la oportunidad de hacer un reconocimiento público sobre la importancia que tiene la región del Altiplano, “cuya gente es sinónimo de trabajo y amor por su tierra”.
“Hoy nos encontramos ante un lugar de nuestro Hidalgo lleno de historia, con personas que trabajan dignamente y que comparten y externan el cariño por nuestra cultura”.
Sostuvo que esta es la oportunidad para realizar cambios significativos en el distrito, de la mano del gobierno federal, “con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum”.
Mirna Rubio se comprometió a ser una vigilante de la correcta aplicación de los recursos públicos y a levantar la voz desde la Cámara de Diputados, para que las instituciones de justicia “tengan las herramientas jurídicas y presupuestales necesarias para garantizar el Estado de Derecho”.
