- La dirigencia estatal priista denunció una “sistemática violación a la ley electoral” de parte de funcionarios públicos, para beneficiar a candidatos de Morena
- Presentó a medios dos videos, uno que muestra evidencia a favor de Cuauhtémoc Ochoa y otro donde un funcionario federal pide apoyar con su voto las reformas de López Obrador
Con la presentación de dos videos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, y la candidata al Senado de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Carolina Viggiano Austria, anunciaron que presentarán cuatro quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por delitos electorales cometidos por candidatos de Morena y funcionarios públicos de los gobiernos federal y estatal, en lo que consideran una “sistemática violación a la ley electoral”.
En el primer video, se exhibe a un funcionario federal que acudió a Tepehuacán de Guerrero, “para hacer promoción a favor de la 4T y que voten por Morena”, dijo Carolina Viggiano, quien mencionó que dicha acción se llevó a cabo hace 15 días.
Añadió que este señor es un señor “ideológico” que está yendo a todo el país a dar pláticas y persuadir a la gente, “es el más ideológico de todos”. Fue a Tepehuacán a inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar. “Ni siquiera invitó a la inauguración al alcalde, para poder despacharse solito en su discurso, que ustedes ahorita van a ver que es vergonzoso”, señaló la candidata al Senado.
Es de destacar que el presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero es José Juan Viggiano Austria, hermano de la priista.
En el video, el funcionario pide a todos los asistentes al acto, que apoyen a los candidatos a diputados y senadores de Morena, para que ganen la mayoría en las cámaras, porque de esa forma apoyan las reformas de López Obrador, y el que no lo haga que “se vaya a su casa o al rancho del presidente”, dijo.
“Si ustedes quieren las reformas constitucionales, tienen que mandar la orden a los diputados y a los senadores, ¿sí está claro?, ya no hay otro tiempo para hacer historia más que este, logramos dar este paso histórico o volveremos a la incertidumbre”.
Al respecto, Marco Antonio Mendoza dijo que “auténticamente esto es coacción del voto”, por lo que harán las denuncias ante el INE. “Claramente hay una coacción al voto, están llamando a votar por Morena, y hay recursos públicos de por medio, porque era un evento oficial, porque era un evento de gobierno, y usaron recursos públicos para trasladarse allá. No solamente hay violaciones de carácter electoral, sino también hay delitos”, dijo.
Carolina Viggiano también se refirió a un video, que no difundieron, donde aparece el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, en otro acto, donde “hace escarnio de los presidentes municipales, y los culpa de los malos resultados en materia de seguridad, y azuza al pueblo contra los alcaldes de una manera vergonzosa”.
“Es increíble -añadió-, que el gobernador tenga un secretario de Gobierno de ese tamaño, es peligroso también ese tipo de política que traza, que quiere hacer, es lamentable, es peligroso, es irresponsable que esté haciendo eso”, dijo.
Después presentaron otro video, donde una brigadista de los programas sociales del gobierno estatal toma los datos de un matrimonio, para registrarlos como beneficiarios, ostentando al candidato de Morena al Senado, Cuauhtémoc Ochoa, como el benefactor de dichos beneficios,
Acerca de este segundo video, Marco Antonio Mendoza dijo que “hay un uso de programas sociales, hay un uso de recursos públicos y hay coacción al voto, lo están haciendo de manera sistemática”.
Y agregó: “no se lo vamos a permitir, desde el PRI estaremos haciendo las denuncias correspondientes, porque no solo hay violaciones al orden electoral, sino también hay delitos”.
Incluso, añadió que todo esto puede conllevar a la nulidad de las elecciones, por todo lo que se está demostrando en los videos, “porque se está haciendo proselitismo con los programas sociales; se están usando los programas públicos en beneficio de los candidatos de Morena”.
APOYA EL PRI A VÍCTOR LICONA
Antes de abordar la temática electoral, el dirigente priista presentó al exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes, quien ofreció a medios un recuento de su proceso laboral y penal, desde que fue detenido el 1 de julio de 2023, el mismo día en que se llevaría a cabo la asamblea estatal del sindicato que encabezaba, donde se trataría “la defensa de los derechos de los trabajadores”.
Contó los días que estuvo preso en el Cereso de Pachuca -55-, hasta el 26 de agosto de ese mismo año en que fue liberado, y hasta este año absuelto por la “justicia federal” (18 de enero), porque según su versión no le fue comprobado nada; por lo que asume, su detención y confinamiento fue con tintes políticos, y se autodefine, por lo mismo, como víctima de una persecución política, y al mismo tiempo, que fue un preso político.
También relató que fue despedido de forma injustificada en su plaza de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, por lo que ha interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hasta en la Organización Internacional del Trabajo, que “ya le pidió al gobierno mexicano que intervenga”.
Asimismo, señaló como ilegítima la toma de nota que le ha dado el gobierno del estado a una nueva mesa directiva del sindicato, además de que a los trabajadores que simpatizan con él los han limitado en sus derechos de manifestarse y expresarse.
Detalló hasta con número de expediente cada uno de sus asuntos, el laboral y el penal, así como de los amparos a favor de su organización sindical.
En la sesión de preguntas, se insistió de ¿por qué convocó a esta conferencia en la sede del PRI y si él es priista? a lo que respondió que no está afiliado al partido, y en su defensa salieron Marco Antonio Mendoza, señalando que no fue una actividad partidista, y Carolina Viggiano, quien aseguró que es un caso paradigmático de cómo se usa el aparato de justicia contra los oponentes al gobierno del estado.
