La Secretaria de la Contraloría del gobierno de Hidalgo inició auditorías a los diferentes municipios ante el fin de administración, y al menos 5 ayuntamientos presentaron irregularidades por un monto de más de 161 millones de pesos.
Mediante un comunicado de prensa, la Controlaría estatal dio a conocer que dichas auditorías tienen como finalidad asegurar un cambio de gobierno ordenado y transparente en las administraciones municipales, así como garantizar la correcta administración de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.
Informó que actualmente, la Secretaría de Contraloría brinda apoyo directo a los municipios de Atitalaquia y Tecozautla, en la integración de la información relativa a la entrega-recepción de obra pública, recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales.
Las principales áreas de supervisión incluyen:
● Que todas las obras de 2023 estén concluidas y cuenten con el Acta de Entrega Recepción correspondiente.
● Verificar que los municipios tengan la solvencia financiera adecuada para el cierre del año 2024.
● Evitar la autorización de bonos o recursos para conceptos no aprobados en las partidas presupuestarias.
● Prevenir movimientos de personal que pudieran derivar en juicios laborales que afecten el patrimonio municipal.
Con ello se busca que se cumpla con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los Códigos de Ética y Conducta.
Se detalló que las auditorías en curso evaluarán el uso de recursos en los municipios de Tlaxcoapan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Apan, lo cual abarca fondos administrados durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024. Estos exámenes consideran las reincidencias de observaciones y quejas ciudadanas.
Tras la realización de dichas auditorías se detectaron observaciones a varios municipios, entre estos Tula de Allende con un monto de 93 millones 398 pesos; Atitalaquia con 23 millones 973 mil 832 pesos; San Agustín Tlaxiaca con 4 millones 425 mil 630 pesos y el DIF de San Salvador con 26 mil 290 pesos.
Las observaciones incluyen irregularidades en operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales, falta de documentación comprobatoria, facturación cancelada, subejercicio de recursos y adquisiciones improcedentes.
En el municipio de Ajacuba, se detectó un monto no solventado de 41 millones 725 mil 60 pesos durante las auditorías de 2022 y 2023.
Se le solicitó al Titular del Órgano Interno Municipal que proceda conforme a derecho y que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos responsables de las irregularidades encontradas.
